Es una de mis etiquetas favoritas, la primera que se me ocurrió para este blog. Es de Juvenal [1]:
… Delphis oracula cessant,
et genus humanum damnat caligo futuri
(... en Delfos los oráculos cesan,
y al género humano daña cerrazón de futuro)
Ya antes Lucano se había quejado de lo mismo [2]:
Nuestro tiempo carece del mayor de los dones divinos:
la sede de Delfos, desde que calló.
Hacia la época de Augusto, a la vez que cundía la superstición más crasa, se registra un fenómeno desconcertante: los oráculos de prestigio cierran. No sólo Delfos, también el Zeus de Dodona, en el Epiro, había echado el candado y otros hacían lo mismo, según Estrabón. Hacia fines del siglo I ya sólo funcionaban dos o tres en Grecia, según Plutarco. A Plutarco le preocupa el mutismo délfico por ser él mismo un alto empleado de la casa, y dedicó un par de ensayos a investigar el problema. Uno titulado así: El cese de los oráculos [3] .
Este opúsculo plutarquiano es notable por su naturalismo teológico. En cada oráculo se expresa un numen local (dios o demonio) dotado de facultad adivinatoria. Como parte que son de la Naturaleza, esos seres están sujetos a mudanza y, como cualquier otro fenómeno natural, lo mismo que aparecieron se eclipsan y llegan a extinguirse, ni más ni menos que las fuentes y ríos, las vetas minerales o las especies vivientes etc.
A los nuevos apologistas cristianos esta explicación les vino de perlas, pues confirmaba lo que ellos ya sabían: los supuestos númenes que hablaban en los oráculos eran en realidad demonios camuflados, que aplicaban su sagacidad para mantener embaucada a su clientela pagana. Además, aquel silencio oracular se produce a la venida de Cristo: nada de coincidencia casual, sino relación de efecto a causa, enmudeciendo los demonios ante el poder del Verbo encarnado [4].
Ahora bien, lo embarazoso para esta tesis fue que el remedio era peor que la enfermedad. El vacío de unos oráculos oficiales –y por tanto bajo control de calidad y de número– lo llenaron con creces desaprensivos de todo género, pululando por cada esquina del Imperio el top manta adivinatorio sin garantía alguna. Astrólogos, judíos disfrazados de caldeos, charlatanes a porfía haciendo el gran negocio. Las incógnitas del porvenir nos asustan, y el hombre asustado es de lo más crédulo. De eso se ríe Juvenal.
Hoy no creemos, no deberíamos creer en agüeros, oráculos o números mágicos. Para penetrar en el futuro disponemos de sondas más científicas, con base en la conjetura y predicción estadística. Habrá hipótesis en pugna, pero no es lo mismo que palos de ciego. Estos son nuestros oráculos modernos, contra la incertidumbre insufrible. Por lo demás, nuestra fe en ellos poco tiene que envidiar a la de los clientes de las pitonisa o las sibilas. Somos los humanos de siempre.
Por desgracia, los nuevos ‘oráculos de la razón’ tienen un problema, como los antiguos: no se hacen oír. Y no es que callen, es que se pierden entre el vocerío de los modernos charlatanes, los demagogos. El resultado es el mismo.
«Los políticos estamos para resolver los problemas a la gente». Por favor, ¿quién no se va a fiar de unas personas tan entregadas y tan benéficas? Sobre todo, cuando aciertan sin remedio: «La actual coyuntura cambiará».
En este monipodio triunfa con ventaja una cofradía de pícaros, los del oráculo autocumplidero: «¿El futuro? Es todo tuyo. Tu futuro es lo que tú decidas.»
Romper España
Irrompible no es, eterna tampoco. Por eso hay ‘Atlas de Historia’, porque todo lo político es caduco y mudable, imperios, estados, fronteras. Antes en esos cambios jugaba más el ‘enemigo’ exterior, aunque también hubo siempre conflictos civiles y descomposiciones internas. Algunos cambios han sido concordados y pacíficos. Antes eran los menos, hoy el ideal es que todos deberían ser así.
Para muchos observadores de dentro y de fuera, España está en crisis. No entremos ahora en cómos y porqués, eso es el ayer. Lo que importa es el hoy y el mañana. ¿Qué hacer? ¿Rompemos España? El futuro es todo nuestro. Los unos para acá, los otros para allá, como en el soka-tira. Pero en conjunto, todo nuestro.
Los dos secesionismos pujantes que tenemos a mano no hablan de romper España, o de salirse ellos de España, pues ellos no se sienten españoles, no son España ni lo fueron nunca. En el imaginario del separatismo más radical, vasco o catalán, Vasconia y Cataluña son cuerpos extraños a España; pueblos anexionados por entuertos de la Historia, y que en este momento histórico se disponen a sacudirse el yugo y estrenar nueva era en independencia. Su caso ni siquiera se parece a la emancipación de las colonias hispano-americanas, donde los criollos reconocían en España a su metrópoli y hasta a la Madre Patria.
Esa precisión no es sólo importante, es decisiva, pues de ella depende el procedimiento para salir del atolladero.
La Constitución Española no contempla la eventualidad de secesión, dado que todo territorio incluido en las fronteras de España es parte integrante de un mismo ente de Derecho internacional, España. Más aún, la misma Carta en su art. 2º declara la Nación española «unidad indisoluble» –la misma condición y términos que la Iglesia Católica aplica al matrimonio canónico. Esto puede parecer excesivo, y seguro que lo es; pero ahí está mientras no se modifique. Lasciate ogni speranza.
A efectos de un supuesto derecho, llámese de autodeterminación o secesión, no vale hablar aquí de naciones, pueblos, razas, culturas o lenguas. En lenguaje de las Naciones Unidas sí que cabe hablar de minorías (etnolingüísticas o del tipo que sea), con sus derechos como tales minorías, pero entre ellos no se incluye el derecho de autodeterminación ni el de secesión.
Ahora bien, si hasta la Iglesia, a sus casados incompatibles les concede la separación, y a los efectos prácticos hasta el divorcio, en figura de nulidad matrimonial, también las unidades políticas en crisis de convivencia tienen que tener solución, a la manera del divorcio civil.
Sólo «a la manera», porque en el divorcio ambas partes por igual son titulares del derecho a la separación, como antes lo fueron para la unión. Cosa que no se da, como hemos visto, entre España y la parte o partes de ella que plantean la secesión.
Por lo mismo, en caso de incompatibilidad y conflicto de coexistencia, el procedimiento no es ni puede ser una decisión unilateral, tanto para que una parte de ese todo se separe por sí misma, como para que una parte segregue a otra. Es un asunto que a todos compete y, en pura lógica democrática, entre todos se debe decidir. Y así tiene que ser, además, por cuanto que implica una reforma de la Constitución, que es cosa de todos y tiene su procedimiento constitucional.
Esto es lo que no entra en los planteamientos del separatismo radical. El separatista define su Vasconia o su Cataluña –territorio y gente incardinada en él– como un ente de Derecho Histórico, que nos viene dado, con su derecho y capacidad inmanente de autodeterminación respecto a su relación política con el otro ente llamado España. Por tanto, la autodeterminación es para ellos un derecho primario, inalienable, que a ser posible más vale ejercitar de mutuo acuerdo, pero en todo caso es factible de forma unilateral. El principal inconveniente de esa doctrina es que sus entelequias no tienen validez jurídica.
Y es que todo presunto derecho necesita un sujeto titular. Y como titulares no valen ni los territorios ni las lenguas, pues no son personas. ¿Y los pueblos? En rigor, los pueblos tampoco; porque aunque constan de personas, los pueblos no son definibles de manera unívoca e inequívoca.
«Derechos del pueblo vasco, del pueblo de los vascos»: ¿y quiénes son los vascos? ¿son todos iguales en su vasquidad? ¿caben minorías dentro del pueblo vasco? Un colectivo político sujeto de derechos tiene que ser censable, y el pueblo vasco no es censable, al menos con criterios democráticos modernos.
Principio de fractalidad y libertad de integración
No hagas a otro lo que no quieres para ti, es uno de los pilares de la ética. No niegues a otros el derecho que pides para ti, no obligues a tus pares a someterse a tu criterio.
Si el derecho de autodeterminación o de secesión no existen aquí, y son figuras jurídicas que hay que crear en virtud de una lógica democrática preter-constitucional, eso implica por la misma lógica la fractalidad de esos derechos (minorías dentro de las minorías). La minoría que reclama derechos alegando que una mayoría le oprime, mal puede constituirse élla misma en mayoría opresora y negarlos a las minorías en su seno que se pronuncien en el mismo sentido.
Fractalidad, ¿hasta dónde? En rigor, hasta donde sea viable en lo político. Históricamente han sido viables las ciudades-estados, las ciudades libres, es viable San Marino o Andorra.
En el caso vasco tenemos, aquende los Pirineos, la realidad histórica de Navarra y la realidad jurídica de los Territorios Históricos que forman la CAV, sin contar otras divisiones que hubo en la Edad Media, con el problema añadido del llamado Iparralde, o sea los auténticos ‘vascos’ históricos modernos (basques), que forman parte de Francia.
Reformada la Constitución, de cara a una consulta ciudadana hay que determinar los ámbitos de la misma. ¿Euskal Herria en bloque? Eso no se le ocurre ni al abertzale más exaltado. ¿La CAV junto con Navarra? Puede; pero el ‘ámbito de decisión’ no lo decide a priori una Mesa Nacional ni un EBB. Tiene que ser Navarra por un lado, y por el otro la CAV, a menos que algún territorio histórico se signifique en términos atendibles para una consulta separada. Esto sería lo más aconsejable en las circunstancias actuales para los tres territorios, tan diferenciados.
En suma, el nudo de la cuestión está en que quien puede llamar a consulta no son los vascos, no es el Pueblo Vasco, no es Euskal Herria . Y no porque se lo impida la Constitución, sino por algo muchos más elemental: porque como sujeto de ese derecho no existe Euskal Herria, no existe Pueblo Vasco. Sólo existe lo que figura en la Constitución, o sea Navarra por su lado, y una CAV por el suyo, con tres Territorios Históricos.
Lo dicho vale a su modo para Cataluña, que consta de cuatro provincias, pero donde por la misma equidad y fractalidad democrática habría que contemplar las pretensiones de un Valle de Arán, por ejemplo, bien a la independencia, o bien a no integrarse en un proyecto de Cataluña.
Pero si eso vale para Cataluña o para Vasconia, no es porque Vasconia ni Cataluña tengan algún derecho ‘histórico’ especial que no asiste a las demás Comunidades de España. De hecho, la reforma constitucional debería enmendar la injusticia y el error cometidos en la Transición democrática, con trato de favor a las Comunidades ‘Históricas’, en aquel reparto de ‘café para todos’ (aunque para algunos más cargado), devolviendo a todos la igualdad de los españoles ante la ley.
Los nacionalistas no quieren verlo así y actúan siempre ‘como si ya’ –como si el ente de ficción jurídica que ellos manejan fuese un sujeto real de derechos, con capacidad de tomar decisiones.
Por lo mismo, como si el conflicto fuese de igual a igual entre sujetos distintos –ellos frente al Estado–, los nacionalistas pretenden llamar la atención de la ‘Comunidad Internacional’, agenciando mediadores, observadores y a ser posible supervisores del proceso independentista. Eso sin perjuicio de amenazar con la declaración unilateral, si el Estado se resiste a su demanda.
Esa estrategia nacionalista del apremio se combina con otra que parece contraria, aunque no lo es: la estrategia dilatoria (‘marear la perdiz’). Es lógico. El nacionalismo juega al victimismo para sacar tajada, pero a la vez juega de farol cuando le conviene. De hecho cabe la posibilidad de que un referendum difícil o perdido ‘en casa’ se ganara ‘fuera’, por el fastidio del resto de los españoles («¡que se larguen de una vez y nos dejen en paz!»).
El mejor derecho
A todo esto, los secesionistas no tiene reparo en atropellar otro principio jurídico elemental: melior est conditio possidentis. El poseedor pacífico goza de mejor derecho. Para cambiar el orden establecido y el estado de cosas reconocido en Derecho nacional e internacional hacen falta razones más sólidas que si se dirime una cuestión mostrenca.
Los nacionalistas mantienen que su nacionalidad genuina es la vasca, y que la española les ha sido impuesta. Esto es una ficción uncida a una falacia. Todo nos viene impuesto, de un modo u otro: la familia, la oriundez, la lengua materna, el nombre y registro de nacimiento, y para lo que ahora nos ocupa, la nacionalidad española. Esos hechos surten efectos legales, y frente a ellos no vale apelar a unas raíces y una supuesta condición natural primigenia de pertenencia a un pueblo autóctono.
(¡Ah! también el físico nos viene impuesto, la dotación genética, el sexo, el coeficiente intelectual, el factor rH, el color de los ojos y del cabello... Si algo no nos satisface podemos intentar manipularlo, aprovechando que ahí la ley se mete menos.)
En el caso de Navarra nadie niega la realidad histórica de conquistas y anexiones, tanto expansivas como recesivas, y en particular la que más alega como apodíctica el separatismo: la conquista y anexión del reino de Navarra por Fernando el Católico de Aragón (1513/1515) y por Carlos I de España (1521-22).
En la misma línea de reclamaciones seudojurídicas, los separatistas insisten en la artificialidad y modernidad de España, mero agregado de territorios y de pueblos en épocas relativamente cercanas, con especial acento en el carácter paccionado de la unión de las provincias vascas a la Corona de Castilla y de España.
A lo que hay que decir que eso está muy bien, y hasta puede que tenga su parte o su todo de verdad. Pero por desgracia para la causa separatista, hoy en día todo ello no tiene relevancia ni efecto jurídico alguno, dentro ni fuera de las fronteras de España. Nos guste o no, somos lo que dice nuestra partida de nacimiento, el DNI y el pasaporte.
Por eso, y por la gravedad del salto a la independencia –irreversible de suyo–, se suele admitir que no basta una corta mayoría para obligar a muchos a asumir el riesgo, siendo exigible una mayoría ‘calificada’. Ningún grupo político tiene derecho a arrogarse la portavocía y representación ajena, como tampoco a implicar la gente en sus intereses partidistas. Según eso, una abstención elevada no significa lo mismo en un referéndum o consulta nacional vinculante, que en la misma o parcida consulta ‘no vinculante’, realizada de forma ilegal por un líder separatista, aunque sea el presidente de una comunidad autónoma.
Saber lo que se decide
Hasta aquí la niebla del futuro político no es demasiado espesa. Ser, o no ser: a eso se reduce todo.
Habrá cambio de la Constitución, a medida de los nacionalistas, aunque el cuerpo les pedirá quejarse de que no es bastante. Habrá consulta, seguro. ¿Cuándo? Cuando toque.
Más reñido será el enunciado de la consulta. Tan reñido, que casi por necesidad será un mal enunciado, y todos tan contentos/descontentos. Cuanto peor sea, mejor para la abstención.
Mi bola de cristal dice que el voto será libre. Hacerlo obligatorio sería un golpe bajo al secesionismo, y el Estado no tiene altura moral para infligirles tamaña ofensa. De eso modo se equilibra la cosa. Los nacionalistas tocarán ‘sí’, y si a la primera no lo consiguen tendrán pretexto para seguir mareando con más denuedo.
Porque nada obligará a distanciar las consultas. ¿Diez años? Ni hablar, el tiempo político es oro. Nuevos comicios, nueva consulta, hasta que lo que tiene que salir salga: By, by, España. Ahí es donde se abre el laberinto oscuro, con el país a tientas entre el guirigay de los políticos. Al menos en mi bola de cristal eso parece.
¿Y luego?... Valiente pregunta: la construcción nacional. Otro día seguimos jugando.
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[1] Sátira VI, vv. 552-553.
[2] Non ullo saecula dono / nostra carent maiorem Deum, quam Delphica sedes, / quod siluit. (Farsalia, V, v. 111).
[3] El otro es, Por qué la Pitonisa ya no pronuncia oráculos en verso.
[4] Apologistas: Justino, Tertuliano, Arnobio, Minucio Félix. Cfr- también Cipriano, Atanasio, Clemente de Alejandría, Eusebio... Frente a esa explicación, el Siglo de las Luces consagra la tesis de Van-Dale, protestante memnonita, para quien los oráculos se basaban en impostura de los sacerdotes. Le siguió Fontenelle,
