Constitución Española: esa bomba de relojería

No es la primera vez que me ocurre. Ponerme a escribir sobre un tema, tener la sensación de que me repito y, en efecto, al tercer párrafo  darme cuenta de que estoy reescribiendo una vieja entrada.

Reflexionando sobre la crisis política de España, siempre acaba uno queriendo echarle la culpa a la Constitución, hecha como de encargo para poner a esta nación en vilo. Como si sus redactores no hubiesen conocido el paño, la historia y la idiosincrasia del pueblo para el que la escribían.

Como carta de ordenamiento de una democracia soberana moderna de cultura occidental, la Constitución es garante de libertad e inmunidad, faltaría más; pero que sea igual  para todos. Por eso ha de fijar también los límites de esa libertad, hablando no sólo de derechos sino también, con igual o mayor énfasis, de deberes.

Lo de mayor énfasis va por mor del brocardo jurídico, odia sunt restringenda, favores ampliandi: lo odioso encoge, lo favorable se estira. Todos somos generosos en lo que toca a nuestro derecho, y más bien cicateros para las obligaciones. Por eso la Carta Magna no debería tomarse como una oda a la alegría, “¡ancha es Castilla!”, sino como el muro y antemural que defiende por encima de todo la seguridad del Estado, el bien común frente a sus enemigos. Los de fuera y los de dentro.

¿Se ajusta a ese criterio la Constitución Española? Más bien no. Compárese la frecuencia de los términos derecho y deber:

Derechos(s)	146 veces
Deber(es)	16 veces

Emparejemos ahora libertad y obligación:

Libertad(es)	46 veces
Obligacion(es)	17 veces [incluido obligado(s)/a(s)]

Total, en términos del brocardo: favores, 192; odios, 33. Mucho más chicle que corsé.

Podríamos alargar el juego sin variar el resultado. En suma, nuestra Constitución abunda en términos ‘favorables’ (y extensibles), y es parca en sus contrarios ‘odiosos’ (y restringibles); que sin embargo deberían ser los más propios de una ley fundamental con su garantía fundamental: la de existir como estado libre soberano.

Abramos ahora otra constitución, la americana de los Estados Unidos. Qué me digo, ni siquiera hay que abrirla. Tengo en las manos el facsímil, una sola hoja de vitela. La palabra derecho (right) aparece ¡sólo una vez! La palabra libertad (liberty), ¡sólo una vez! Cierto que deber(es) (duty, duties) se repite 10 veces; pero es que se refiere sobre todo a impuestos y tasas, y sólo un par de veces a los deberes de un cargo público. Del mismo modo, obligación (obligation) no se repite, porque se refiere a contratos onerosos, no por otra cosa. Burguesía librecambista, qué le vamos a hacer. Pero no nos engañemos.

Lo que sí se prodiga en la breve Constitución Americana es el ‘no’ prohibitivo, de tradición bíblica. ‘No Person’ (nadie), ‘no State’ (ningún estado), ‘no Senator or Representative’ (ningún senador o representante), ningún impuesto o tasa, ningún dinero, ninguna apropiación del mismo, ninguna preferencia, ningún título de nobleza, ninguna prueba religiosa, ninguna enmienda (a la Constitución); no, no y no, hasta 27 veces en total.

¿Qué pasa? ¿Es que a los próceres americanos les importaban un pepino las libertades individuales? Todo lo contrario. Pero no era la Constitución el texto legal para desarrollarlas y defenderlas, pues ‘para casos tales tienen los maestros oficiales’. La Constitución bien entendida sólo abre la espita del derecho, no lo agota.

Fijémonos especialmente en el taxativo ‘ningún Estado’, sin perder de vista que se trata de una federación:

«Ningún Estado tomará parte en tratado alguno, alianza o confederación» , etc.

«Ningún Estado, sin Consentimiento del Congreso, pondrá impuestos o cargas cualesquiera», etc.

«Ningún Estado, sin consentimiento del Congreso, impondrá derecho alguno de tonelaje, mantendrá tropas o barcos de guerra en tiempo de paz, entrará en acuerdo o pacto alguno con otro estado o con otra potencia extranjera, o entrará en guerra a menos que sea invadido de hecho, o en peligro tan inminente que no admita demora» .

«Ningún Estado, sin su consentimiento (del Congreso), será privado de su sufragio igual en el senado.»

Finalmente, hay un término que en la lacónica Constitución Americana se repite siete veces, mientras que en la verbosa Española es un hápax : ‘traición’. En ésta, la «acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones» se limita al Presidente y demás miembros del Gobierno, y se trae a cuento para restringirla y hacer difícil que prospere (Art. 102, 2). ¿Quién osaría denunciar como traidor a Zapatero, por comisión? ¿O a Rajoy, por omisión? ¿Y por analogía, por ambas cosas, a presidentes subalternos como Artur Mas y su sucedáneo?

La seguridad del Estado

Demasiado se repite, en disculpa de los defectos de nuestra Constitución, que se redactó en circunstancias especiales, tras larga y severa dictadura, bajo intimidación o presión de ‘poderes fácticos’ etc. Como que se nos dio hecha, o poco menos: la tomas o la dejas. Mentira. El único poder fáctico que amenazó a la democracia con luz y taquígrafos – y ahora hasta en vídeo– fue la pistola de Tejero, años después (1981), y a ver lo que duró. Mucho menos se habla de los tejemanejes entre muñidores políticos de la Constitución –incluidos los nacionalistas–, cada cual a los suyo. Partidos políticos al asalto del cielo, que hoy encuentran la horma de su zapato y su caricatura en Podemos.

Todas las constituciones se escriben en circunstancias especiales. Las de la Unión americana frente a la metrópoli inglesa no fueron plácidas, y ahí está ese monumento, ‘We the People’. Más duradero que el bronce, y no es frase hecha: «un instrumento a prueba de edades futuras, diseñado para la inmortalidad, hasta donde las instituciones humanas puedan pretenderla».

La cita es de un texto de común alcance, de un magistrado de la Corte Suprema  norteamericana, sobre la Constitución de su país. Henry Baldwin (1780-1844): Vista general del origen y naturaleza de la Constitución y Gobierno de los Estados Unidos (Filadelfia, 1837). El subtítulo no es baladí: ‘Deducida de la historia política y situación de las colonias y estados (1774-1788), y las decisiones de la Corte Suprema, junto con opiniones… surgidas en torno a las restricciones de los poderes de los estados’ [1].

Sin meterme en lo que no entiendo –como, por ejemplo, la puntuación del autor en la historia del constitucionalismo–, sólo diré que es envidiable un país con juristas supremos de esa talla; que por otra parte, más que erudición, lo que demuestran es puro sentido común. «Gramática, Gramática, Gramática», parodiando al otro.

«Una ley de obligación suprema… ha de entenderse que emplea las palabras en su sentido natural, y que quiso decir lo que dice. Nada de interpretaciones amplias, extendiendo los términos más allá de su sentido obvio. Como tampoco una aplicación estrecha… que paralice al gobierno y le incapacite para su función. Una ley cuyo espíritu debe respetarse no menos que su letra, si bien el espíritu debe extraerse sobre todo de las palabras… Si hay conflicto interno…, que haga preciso desechar el sentido llano de una provisión, en el convencimiento de que los redactores no quisieron decir lo que dicen, ha de ser tal, que el absurdo y lo injusto de aplicarlo al caso concreto sea tan monstruoso, que todo el género humano concuerde en su rechazo.» [2]

Baldwin reconoce las circunstancias históricas difíciles en que se redactó la Constitución americana, los enredos de la confederación, las motivaciones del momento. Muy a propósito, reproduce un sello primitivo curioso por su impronta masónica. A primera vista diríase un esqueleto torácico, con costillas, esternón y diafragma. Pero no, son doce brazos implantando una columna coronada por el gorro frigio de la Libertad, usando a modo de plinto la Carta Magna inglesa. Pese al conflicto con la Metrópoli, las XII Colonias o estados –como las XII Tribus de Israel sobre la Toráh– erigen su nueva Constitución sobre la base del viejo derecho británico. Una leyenda en torno dice:

HANC TUEMUR – HAC NITIMUR
A ésta (la columna) defendemos. En ésta (la carta) nos apoyamos

Aquí no. Aquí hay gentes que reniegan de su propia historia, de cómo sus abuelos tomaron parte en empresas y glorias nacionales. En especial, tenemos dos o tres comunidades autónomas, dos o tres miniestados de primera clase, privilegiados sobre el resto a cuenta de unos pretendidos ‘derechos históricos’ (que ellos mismos interpretan y estiran a su capricho), distinguidos sobre el resto con el nombre de ‘nacionalidades’ (ídem de ídem), por disponer de ‘lengua propia oficial’ (otra varita mágica de poderes sobre la educación, el mercado laboral, la RTV pública, contratas, ayudas y lo que se tercie).  

Esta singularidad dentro de un Estado de Autonomías fue una cesión –en buena parte bajo chantaje terrorista– ante quienes, por su parte, nunca ocultaron su propósito de independencia. Una cesión que los nacionalistas interpretan ahora como reconocimiento de soberanía propia radical, sin que ninguna autoridad les disuada de ese ‘error’, ya superado en las Constituciones españolas anteriores, desde 1812, y explicable sólo por contumacia y mala fe. Si en aquella ‘primera transición’ se hubiese diseñado aquí, en memoria de la Nueva Alianza española, un sello parecido al norteamericano, dos al menos de los brazos deberían figurar empujando la columna que los demás sostienen. En el símil de la caja torácica, dos costillas ‘falsas’.

Aquí un diputado en plena Cámara maltrata la Constitución, y todo se queda en retirarle la palabra y «que no conste» su gesto, sin que al atrevido le caiga encima una inhabilitación con un multazo que le cure la gana de repetirlo.

Aquí el andiki de una facción política ex terrorista va, se pone y exige en su territorio «dar jaque mate a la Guardia Civil», y que se larguen también las demás ‘fuerzas de ocupación’ del Estado. Y menos mal que la fiscalía prestó apoyo, que si no, la denuncia de particulares a lo mejor ni se admite. Porque el andiki tiene bula: es parlamentario regional y, como ETA ha dejado de matar, eso le vale para chulear al «Estado terrorista».

Aquí cada cargo público electo, para el acatamiento de la Constitución como requisito de ejercicio y emolumentos, dispone de amplia tabla de piruetas retóricas que le permiten exteriorizar como sea su desagrado y desprecio a la misma, y al pueblo español que representa. Lo mismo ocurrirá con los símbolos oficiales (banderas, retratos), porque sólo son símbolos –mientras no sean los ‘propios’, claro–, y siendo españoles no tienen mayor importancia.

Del procés catalán sobra todo comentario. Independencia cantada, unilateral, a fecha fija. Dieciocho meses, que se van volando. Eso sí, tendrán siempre a Mariano Rajoy enfrente, menos mal y que se preparen, buena les espera.

También el nacionalismo vasco ‘moderado’ aprovecha el desgobierno nacional para poner su reloj en hora. Sin tanta prisa, emprende una ‘segunda transición’ hasta 2020, año en que se propone gozar de un nuevo ‘estatus jurídico-político’. A nadie se le oculta lo que ese eufemismo significa.

Aquí no es como en la parábola rabínica, ‘La barca de todos’. Aquí cualquiera puede barrenar la barca, si es debajo de su asiento. Cualquiera puede por su cuenta ‘desconectarse del Estado’ (¡?), llevándose consigo su parte alícuota de pueblo, territorio, infraestructuras, patrimonio.
La seguridad del Estado debería ser el principal cuidado de la Constitución, en virtud del principio, Salus populi suprema lex esto. Sin embargo, dicha expresión sólo una vez se menciona en el articulado (Art. 102, 2). Reaparece, sí, como al desgaire al margen del Art. 104, para denominar «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado»; con cierta impropiedad, ya que a tenor del mismo Art. 104, 1, se llaman sólo «Fuerzas y Cuerpos de seguridad», con misión de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Nada que ver con la seguridad del Estado propiamente dicha.

Nótese de paso el orden extraño de prioridad en la misión de esas fuerzas, que como todo el mundo sabe son y deben ser ante todo coercitivas, garantizando la seguridad pública y el cumplimiento de la ley mediante la persecución de la infracción y el delito. Y en cuanto al «libre ejercicio de derechos y libertades» (sic), lo que esas fuerzas y cuerpos deben proteger es su ejercicio dentro del marco legal. Tan reverencial temor o ingrata memoria dejaron esos cuerpos y fuerzas bajo la dictadura franquista («Acojonan, ¿eh?»), que el legislador todavía trémulo hasta el tartamudeo les convierte en protectores de la libertad libremente ejercida, como auténticos ángeles custodios de la guarda.

Gramática, Gramática, Gramática

Ciertamente ha habido actuaciones e intervenciones impresentables en la Cámara Baja española, como la citada del bildutarra Sabino Cuadra, arrancando de la Constitución las hojas que no eran de su gusto. Sin embargo, como torpeza, tal vez ninguna mayor que la de todo un Jefe de Gobierno haciendo chirigota sobre la entidad de España. «Concepto discutido y discutible.»: exacto o no, así ha quedado para las antologías. Y no sin razón.

Uno de los fallos del texto constitucional es su empleo equívoco del término nacionalidad. Repetido siete veces, seis de ellas tiene el sentido claro de la condición jurídica del sujeto que es ciudadano de una nación o estado («nacionalidad española», «doble nacionalidad» etc.). Sin embargo, una sola vez,  se habla de nacionalidades dentro de la Nación española, en el Art. 2:

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»

¿Cuál es la diferencia entre nación y nacionalidad? ¿la diferencia entre nacionalidad y región? Esta era la cuestión, aquel 17 de noviembre de 2004 en el Senado, cuando el portavoz del PP, Pío García Escudero la sacó a cuento.

A cuento o no, la intervención provocó en Zapatero este alarde de pedantería:

«Usted ha dicho que el concepto de nación es claro y unívoco en la doctrina y la ciencia política. Pues bien, permítame –y no desde mi condición anterior de profesor de Derecho Constitucional, sino simplemente como persona que se aproxima sin ningún tipo de prejuicio a lo que representa ese concepto– que le diga que quizá no haya un concepto tan discutido en la teoría política, en la ciencia política y en la ciencia constitucional como el concepto de nación, y es algo que sabe en efecto cualquier estudiante de Derecho. (Fuertes aplausos en los escaños del grupo parlamentario Socialista). Además, es un concepto que ha provocado no sólo ríos de tinta sino pasiones, y ha conformado buena parte de la formación de las estructuras políticas modernas».

«Mi condición anterior de profesor de Derecho Constitucional.» Todos rebuscando en vano la bibliografía científica zapateril, mientras el sujeto recoge velas: «No me han entendido» ¿Quiénes? ¿los que le aplaudieron de su partido? «Cuando hablaba de nación no me refería a España». Vaya con Dios, es su problema, el daño está hecho.

En cuanto a léxico y gramática, algo queda bien escrito:

Art. 1. 2. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…

Art. 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Art. 8. Las Fuerzas Armadas… tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

O lo tomamos al pie de la letra –que es el espíritu de la Ley–, o la misma Constitución hecha para defendernos nos estallará en la cara. Al tiempo.

_________________________________

[1] Henry Baldwin, A General View of the Origin and Nature of the Constitution and Government of the United States. 1837, 197 págs., pp. 11-12

[2] “A law of supreme obligation, made for the purposes it declares, lb. 381; by enlightened patriots; men, whose intentions required no concealment, employing words which most directly and aptly expressed the idea they intended to convey, as well as the people who adopted it; must be understood to have employed words, in their natural sense, and to have intended what they said.”