viernes, 22 de enero de 2010

Quemar banderas



Es un ritual de larga tradición. Se organiza una marcha con sus pancartas y gritos, y en una plaza culmina el acto con una quema simbólica, una efigie, una bandera, un libro. Unos encapuchados, en guisa de verdugos, ofician de ejecutores.

El símbolo material es lo de menos. Quemar un libro –la Constitución Española, para el caso– daría lo mismo. ¿Pero quién oyó jamás hablar de ella? Dejémonos de sutilezas, hablemos al pueblo en el lenguaje elemental que todos entienden. Se elige la bandera por mimetismo, por su colorido e impacto visual. A veces también impacto olfativo, como cuando el diputado Arnaldo Otegi (11 de agosto 2003) arrancaba risas de su público ironizando: «¡Qué mal huele la bandera española!». Fue un caso bastante típico. Una marcha 'legal' de protesta se dramatizó como auto de fe, con la ejecución pública del enemigo en la hoguera.

El auto gallego de ayer 21 en el Obradoiro de Compostela se ha ajustado a ritual, evocando inevitablemente el modelo de Batasuna en el País Vasco. Sin embargo, hay una diferencia nada desdeñable. En el radicalismo vasco, todo el acto suele venir programado, incluso de forma explícita. Son autos de fe de verdad. En Galicia, en cambio, la masa de manifestantes no conocía el desenlace. El holocausto simbólico de España se habría producido fuera de programa. Un testigo le expresa así (por la portada y noticia del periódico La Razón (22 de enero):

«Madre mía...y luego dicen de la manipulación informativa por parte de los periódicos de izquierdas... ¡santo cielo! Estuve en la marcha y era distendida, divertida, agradable y pacífica. El grupo de imbéciles que siempre dan la nota siempre están presentes en todo lugar donde se produce muchedumbre, sino, que se lo digan a los de Nuevas Generaciones...»

A lo que otro opinante replica:

«Que eran dos niñatos sin cerebro ya lo sabíamos, pero rodeados de la muchedumbre. Habría que ver, los palos que les habrían dado si hubiesen intentado hacer lo mismo con la bandera gallega...»

Ambos pareceres contrapuestos viene a decir lo mismo: un incidente antiespañol parasita un acto público de protesta nada antiespañola. La diferencia está en la apreciación sobre la apatía del público. Para el segundo opinante sería aprobación. Él cree saber (y posiblemente con razón) que si alguien hubiese replicado quemando una enseña gallega, ese mismo público no habría sido tan indiferente.

En casos como éste es lógica preguntar quién está detrás de esos 'espontáneos', 'chavales descerebrados' o como se les quiera llamar, que en apariencia revientan un acto cívico, para irse de rositas, jaleados por uno, justificados o disculpados por otros, sin que la autoridad reacciones y cumpla con su deber.

«Sólo se quema un símbolo», dicen muchos, como quien glosa un '¡Pse!' «No tiene mayor importancia.»

¡Qué perverso es ese adverbio, sólo!
Compendia un diálogo por este estilo:

–Podía quemarse más, mucho más.
–¿Más que qué?
–Más que un trapo.
–Pero es que no se quema un trapo. Quemar un símbolo es destruir, simbólicamente, lo simbolizado. Es como gritar '¡Muera todo esto!' Se está expresando un deseo que invita a la acción.
–Tampoco exageremos.

Tampoco. Y aquí tercia otro opinante muy enterado:

«Quemar la bandera nacional es un ejercicio legítimo. En USA se puede hacer también, y no es delito. El Tribunal Supremo norteamericano ya falló en 1989, en una sentencia de enorme repercusión mediática, que la quema de banderas en actos de protesta estaba totalmente amparada por el derecho a la libertad de expresión.»

Es verdad. Pero el caso es que no hablamos de allí, sino de aquí. Y aquí, en España, no rige la jurisprudencia norteamericana. Más aún, nuestro Código Penal es taxativo (art. 543):


«Las ofensas o ultrajes, de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.»

Una norma legal que protege en pie de igualdad a la cabeza y a los miembros, al todo y a las partes que lo integran. Una norma basada en la Constitución democrática vigente. Una norma que la autoridad competente no puede pasar por alto sin cometer prevaricación.

Las penas no son sólo castigo, tienen su parte de ejemplaridad. Si exigir esto es patriotería, no es que hemos terminado, es que estamos acabados. En cuyo caso, nada tenemos que decirnos, ni de banderas, ni de lenguas, ni de nada.


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