martes, 12 de agosto de 2014

La Revolta dels ‘Agraviats’ (1827) (2)


Infante Carlos María Isidro

Una seguidora infatigable de este blog, qué digo, gran propulsora del mismo (cuyo nombre de guerra no es de repetir ni ocultar porque figura en los comentarios a la última entrada), me pide que no cumpla mi propósito de agotar hoy mismo este relato.
Realmente la historia de los agraviados se puede ventilar en poco espacio, o incluso remitiendo a la Wikipedia, que lo hace con rigor y economía de medios. Pero tratándose de un blog, en un mes vacacional de verano, y mediando solicitud de una dama simpatizante y amiga, y que hasta presume de ser casi mi coetánea, sólo en atención a ella debo reconsiderar lo anunciado.
Además, tampoco se trata de copiar aquí lo que puede hallarse en cualquier enciclopedia o historia del XIX español. Aquella revuelta tan interesante y a la vez tan confusa sólo tiene sentido en su contexto histórico, harto enrevesado por la reiteración de testimonios partidistas polémicos. Entre virulencia y hagiografía, hay que cribar mucho para separar el grano, pero también la paja a veces resulta curiosa.
Cerraré sin embargo esta entrada con un concluirá, pues en efecto no pienso dejar el relato colgado, antes espero acabarlo lo antes posible.
Un paso atrás
El capítulo anterior nos llevó hasta el Manifiesto de los Realistas Puros (1826), antecedente inmediato de la Revuelta catalana, aunque su relación causal no esté nada clara.
Volvamos atrás unos pocos años. Será como entrar en el laberinto del minotauro fernandino, para topar con el minotauro carlista. O también, como bajar al infierno de un absolutismo que todavía nos condiciona. (Los nacionalismos catalán y vasco son epígonos absolutistas. Con su maquinita del tiempo, y todo.)

En el mismo capítulo hemos visto la prehistoria de esta revuelta catalana, preámbulo a su vez de la I Guerra Carlista. Allí mencionábamos el super absolutista Decreto  de 1º de octubre de 1823, emitido desde el Puerto de Santa María, cuando Fernando VII se zafa de sus tutores liberales que le retenían en Cádiz para abrazarse con su ‘augusto primo’ y liberador el Duque de Angulema.
Es bueno conocer de primera mano los testimonios. Aquel decreto fue todo un manifiesto y programa de lo que significaba para Fernando su restauración absoluta, obra de un Dios justo y sabio, altamente  interesado en él y en ella:
«Sentado ya otra vez en el Trono de San Fernando por la mano sabia y justa del Omnipotente…, deseando proveer remedio a las más urgentes necesidades de mis pueblos y manifestar a todo el mundo mi verdadera voluntad, en el primer momento que he recobrado mi libertad, he venido en decretar lo siguiente:
1º. Son nulos y de ningún valor todos los actos del Gobierno llamado constitucional (de cualquier clase y condición que sean), que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de Marzo de 1820 hasta hoy día 1º de Octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta época he carecido de libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir órdenes, decretos y reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expedía por el mismo Gobierno.
2º. Apruebo todo cuanto se ha decretado y ordenado por la Junta provisional de Gobierno y por la Regencia del Reino, creadas, aquélla en Oyarzun el 9 de abril, y ésta en Madrid el día 26 de Mayo del presente año, entendiendose interinamente, hasta tanto que… pueda dar leyes y dictar las providencias más oportunas para causar su verdadera prosperidad y felicidad, objeto constante de todos mis deseos…
Rubricado de mi Real Mano. Puerto de Santa María, 1º de octubre de 1823. A don Víctor Sáez.”
Otra vez el Rey Felón jugando a la máquina del tiempo. Y qué juego. Tómese al pie de la letra la retroactividad del decreto. ¿Cabe imaginar el desbarajuste administrativo y social? Bien, no se tome al pie de la letra. Pues casi peor, es el imperio de la arbitrariedad. Esta idiosincrasia del déspota repuesto en el trono tuvo mucho que ver con la historia sombría de nuestro siglo XIX.
Fernando VII, “otra vez sentado en el trono de San Fernando III”, como la reencarnación del rey de derecho divino. “Manifestar al mundo mi verdadera voluntad”: expresión propia de un perturbado megalómano. Lo escribían otros, por supuesto; pero él decía que sí con la cabeza, mientras por su narizota aspiraba rapé.
Pues como para rubricar su verdadera voluntad de aniquilar un trienio largo de la Historia en las personas de los ‘negros’ (los liberales), por otro decreto condenaba a muerte a tres individuos de la Regencia de Sevilla, personas dignísimas, a las que el propio rey había autorizado y hasta obligado a aceptar sus cargos. Aquella salvajada indignó a los generales franceses, que embarcaron a los tres desgraciados en un buque de su bandera y les pusieron en Gibraltar.
Chasqueado el bueno de Fernando se desquita ejecutando en frío lo propuesto en caliente por la Regencia de Madrid. Los diputados que el 11 de junio en Sevilla habían votado la destitución temporal del rey y su traslado a Cádiz eran traidores reos de muerte. Por fortuna, también éstos pudieron  ponerse a salvo en Inglaterra y Francia.
Así que el gran escarmiento se hizo en el hombre-insignia de la oposición liberal. El general Rafael del Riego –el héroe de Cabezas de San Juan, que como persona resultó ser un cabeza de chorlito– entró en la Cárcel de Corte de Madrid el 27 de octubre, para salir de allí, no por su pie al pelotón de fusilamiento como militar, sino a rastras en un serón camino de la horca en la Plaza de la Cebada (6 de noviembre 1823).
Cunde el enfrentamiento de personas y familias, peor que una guerra civil declarada. Como en la Alemania nazi un siglo más tarde, en la segunda etapa absolutista de Fernando se vió a partidas paramilitares uniformadas (los voluntarios realistas) salir de cuarteles o conventos a rondar las  calles, metiéndose con los ex milicianos nacionales, untándoles de pez las puertas de sus casas, pelándoles las barbas, zambulléndoles la cabeza en fuentes, etc. Ayer era el Trágala; hoy, la Pitita [1].
«Un pañuelo, una cinta, un abanico verde o morado, eran causa suficiente para merecer la ira popular y ser arrastrado su dueño a un calabozo. En la mitad del día, en los sitios más sagrados…, se acometía y apaleaba bruscamente a los que habían pertenecido a la milicia nacional, llegando la barbarie… hasta el extremo de arrancarles… las patillas y el bigote, y pasearles por las calles principales con un cencerro pendiente del cuello y caballeros en un asno. Más de una heroína liberal fue sacada entonces a la vergüenza y en igual forma, trasquilado el cabello y emplumada» [2]
La embestida clerical
Si antes fueron «los rabiosos demagogos de las sociedades secretas», ahora tocaba el turno de clérigos y frailes predicadores y publicistas. Con excepciones valientes, hay que decirlo. Así el Gobernador eclesiástico de la diócesis de Barcelona, desafiando el peligro y con  olvido de su propia carrera de ascenso jerárquico, protestaba en una circular (28 de noviembre): «Se ha profanado la cátedra del Espíritu Santo con expresiones bajas, excitando al odio y a la venganza».
No era decir mucho, pero para el momento, demasiado. Justo dos meses atrás (28 de septiembre 1823) había salido papa, con ayuda de los cardenales ‘celantes’ –el partido duro, opuesto al blando de los  ‘cortesanos’–, Aníbal de la Genga, León XII, entusiasta de la Santa Alianza, enemigo de las libertades de palabra y de imprenta, obseso de las sociedades secretas, en especial la Carbonería («donde confluían todas»). Así que en los púlpitos pontificios se predicaba la caza de brujas. Como en los españoles.

Para sanear las finanzas vaticanas, León XII declaró Año Santo el 1825, que por cierto no cubrió las espectativas. Año nefasto,  por el ‘jubileo’ tan especial que ganó una pareja de carbonarios.  Ratificada por el papa la sentencia, Ángel Targhini y Leónidas Montanari pasaron por la guillotina, ante el gentío que llenaba la gran Plaza del Pópolo en Roma, 30.000 almas (23 de noviembre). «Sin pruebas y sin defensa», reza la lápida in situ [3].
Desde luego, no todos los prelados españoles iban tan lejos como el obispo de Badajoz, don Mateo Delgado Moreno, quien teorizaba:
«Las opiniones que se dicen políticas, relativas a la forma de gobierno, al reconocimiento y obediencia a nuestro Rey, son expresamente contrarias a la doctrina revelada, que prescribe a los pueblos el respeto, la obediencia y el amor a sus príncipes o soberanos, que los deben reverenciar como puestos por Dios, y que no están las naciones en libertad para elegir ni otro rey, ni otra forma de gobierno, aun cuando por desgracia fuesen díscolos o tiranos.»
Excesos de este calibre eran la rechifla anticlerical; pero sus críticos más severos y de más fuste fueron clérigos ilustrados liberales, a menudo afiliados a sociedades patrióticas, algunos incluso a la masonería.
Era paradójico que el mismo Zar de Rusia, el «jefe de la escuela absolutista de Europa, fuese quien obligara entonces al monarca español a suavizar y moderar su absolutismo». Fernando hizo caso sólo en parte; y «aquí empezó la división de los absolutistas en furibundos y conciliadores». A grandes rasgos:
1.       Absolutistas conciliadores fueron: los grandes en general, los generales antiguos, diplomáticos, hombres de letras, afrancesados, antiguos emigrados, «unidos a la reacción no por gusto, sino por odio a los liberales»
2.   Absolutistas intransigentes fueron: la mayoría de ambos cleros, la milicia realista, cabecillas facciosos y antiguos guerrilleros; más la plebe, «afiliada siempre a los partidos avanzados por su innata afición al desorden y al movimiento» (Rico y Amat).
Fernando ‘el Deseado’ acabó siendo ‘el Indeseable’ incluso para sus más adeptos. Éstos últimos, desengañados de él y su doble juego, ya rezan a otro santo más de su devoción.  El infante D. Carlos María Isidro se dejaba querer. Algunos le ponen al margen de la conspiración en favor suyo, aunque nadie hace lo mismo con su mujer y sobrina, la portuguesa María Francisca de Braganza.
Un absolutista relativamente sensato –aunque pivote de la ‘Regencia de Urgel’–,  fue el cultísimo Barón de Eroles, que en su proclama al asumir la Capitanía General de Cataluña había dicho a los catalanes (15 de agosto 1822) [4]:
«No vengo a atizar resentimientos, sino a sofocarlos: yo mismo no conservo otra memoria que la de los beneficios. Orden y concordia… Ni los alaridos de la multitud, ni consideraciones particulares alterarán la marcha majestuosa de la Ley».
Tan conciliador era Eroles (o tan idealista, o tan astuto, inteligente etc.), que ni veía contradicción entre la monarquía absoluta de Fernando y una nueva Constitución foralista autóctona. Para cuya redacción
“no iremos en busca de teorías marcadas con la sangre y el desengaño de cuantos pueblos las han aplicado, sino que recurriremos a los fueros de nuestros mayores, y el pueblo español congregado como ellos se dará leyes justas y acomodadas a nuestros tiempos y costumbres, bajo la sombra de otro árbol de Guernica. […]
   Catalanes, la Patria os llama a las armas, pero sobre todo al orden, a la obediencia y a la ciega confianza en quien os gobierna.”
En este sentido ético, el absolutista seglar Eroles era más cristiano que la mayoría de obispos, y hasta pisaba en los antípodas de algunos.
El Obispo de León, por ejemplo. El oscense don Joaquín Abarca, que en su pastoral de 10 de abril de 1823 negaba el pan y la sal al enemigo:
«¡Ay! Como en lo político la libertad es un arma falsa con que se quiere esclavizar al pueblo, así en lo moral estas voces de paz y concordia, caridad y fraternidad son el arma con que ... los intrusos mandarines, ateos de nuestro días, quieren establecer su cetro de hierro.
No os olvidéis de lo que dice Isaías: que con los impíos no tengáis unión ni aun en el sepulcro; y lo que encargan San Juan y San Pablo, modelos y apóstoles de la caridad: que no comamos, ni aun saludemos a los que no reciban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. [Chusca traducción, no comerse a los díscolos.]
No se deben cumplir todas las leyes dimanadas de la autoridad, aunque sea legítima, cuando pugnan con la moral o son contrarias al derecho de un tercero» [5].
Los ‘guerrilleros de la pluma’: periodismo ultra
El bajo clero absolutista furibundo completaba la obra ‘pastoral’ (púlpito, catequesis, confesonario) con la publicística.
Polemista erudito y no falto de sal fue, por ejemplo, fray Francisco Alvarado, dominico de Marchena, que adoptó como seudónimo ‘El Filósofo Rancio’. Las Cartas del ‘Rancio’ (a secas, para sus émulos) se editaron en 1824-1825 en cinco tomos. Fue un reaccionario cabal, pero más ideológico y menos virulento que otros ‘guerrilleros de la pluma’.
Para entonces ya había muerto fray Agustín de Castro, jerónimo del  Escorial, que en 1812 debutó en el periodismo clandestino contra los franceses, pero también contra los liberales de Cádiz. Como director y  redactor jefe del semanario ‘Atalaya de la Mancha’ (Madrid, 1813-1815), he aquí una muestra de su prosa:
«Tres mil o cuatro mil enemigos de Vuestra Majestad, mandados los unos a una hoguera y los otros a una isla incomunicable, en nada disminuyen el número de vuestros vasallos. [...] No, la multitud de reos no debe ser un estorbo al castigo; al contrario, por lo mismo que son tantos es necesario más rigor».
El fraile periodista no dudó en recurrir al libelo. Anticipándose a los ‘Protocolos de los Sabios de Sión’, se refería a una supuesta Constitución Secreta de España, de corte jacobino, publicando artículos y textos de la misma, todo invención suya. Denunciado por injurias y calumnias, sin que la autoridad religiosa ni eclesiástica le llamase al orden, desde su confinamiento conventual (por motivo de salud, mejor que la cárcel) se atrevió a publicar en el mismo periódico (12 de marzo 1814) una lista de liberales presos, haciéndola vocear por los ciegos vended0res del papel: “¡con la Lista de los Traidores!”. Provocación premiada por el rey con una pensión de 10.000 reales. Falleció en 1820 y está enterrado en El Escorial.
Fray Agustín tuvo buen colaborador y discípulo en el mercedario fray Manuel Martínez Ferro, testaferro del diario ‘El Restaurador’, que aparece el 1º de julio 1823, con subvención secreta de 30.000 reales del Tesoro Real, lo mismo que los periódicos El Realista y El Procurador General del Rey [6].
«Es preciso esterminar a los negros hasta sus cuartas generaciones», exigía El Restaurador. Ante el desmadre de la prensa absolutista, el Conde de Ofalia cortando por lo sano  suprimió la prensa toda, menos El Diario y La Gaceta (igual que se hizo en 1815). El ‘Militar enfrailado’  –como se firmó Martínez Ferro, aludiendo al carácter militar de su orden de la Merced–, cofrade indigno (aunque biógrafo) de fray Tirso de Molina, fue compensado con la presentación regia para la mitra de Málaga, que gozó dos años (1825-1827).
Juntas de Fe (1824-1835) y Junta Secreta de Estado

El absolutismo radical no obtuvo del rey lo que más apetecía, al menos de palabra: la restauración del Santo Oficio, solicitado por el clero  y ayuntamientos: el Ayuntamiento de Burgos, en 7 de junio 1823; el de Valencia, diciembre del mismo año; Barcelona, el 6 de marzo 1824 etc.
A Fernando no le interesaba para nada la Inquisición. Y no tanto por ser mal vista en el mundo civilizado de las cortes europeas, sino porque escapaba a su absolutismo. Poder paralelo, contrapoder.
Así que, por iniciativa de Roma a través del nuncio Giustiniani, los prelados (el primero, con reticencia, el Cardenal de Borbón, primo del rey, en 1820), crean por su cuenta tribunales diocesanos especiales, más y más ajustados al estilo del Santo Oficio, según la idea del nuncio.
Serán las Juntas de Fe, como llamó a la suya el arzobispo de Valencia D. Simón López, uno de los abogados que tuvo la Inquisición en las Cortes de Cádiz. Suprimido el Tribunal central, ahora el prelado reclamaba las competencias del mismo en su diócesis:
«Los obispos pueden y deben conocer en todas las causas de fe, aun por lo tocante al fuero esterior, como jueces natos y depositarios de ella… [‘Aun por lo tocante’. Según eso, D. Simón daba por supuesto el allanamiento del fuero interno, siendo así que ‘de internis Ecclesia non iudicat’.]
Confirmamos la Junta de la Fe sabiamente establecida en esta diócesis. Y habiendo resuelto autorizar a la dicha Junta y cualquiera de sus individuos para recibir libros, papeles y delaciones de dichos y hechos contra la fe y las buenas costumbres, con este edicto le damos la publicidad que corresponde.
Compondrán la Junta, Nos, como presidente, el Dr. D. Miguel Torezano, inquisidor que era de Valencia; el Dr. D. Juan Bautista Falcó, como fiscal; y el Dr. D. José Royo, como secretario» (Enguera, 16 de octubre 1824).
El señor Arzobispo debía de ser persona expeditiva. Dos semanas antes de crearse la Junta, ya tenía en grilletes al primer sospechoso, detenido el 29 de septiembre: don Cayetano Antonio Ripoll, catalán de Solsona, maestro de escuela del barrio de Ruzafa.
El motivo formal era nimio. Una mujer le había denunciado, como que tenía a toda la Huerta del Turia escandalizada: no iba a misa, no salía con sus escolares al paso del viático, y en su escuelita había cambiado el saludo-jaculatoria ‘Ave María Purísima’ por ‘Alabado sea Dios’.
Otras acusaciones eran, no cumplir con la Pascua,  no creer en los misterios, comer de carnes en vigilia, incluso en Viernes Santo y cosas así, de mal cristiano. Por lo demás, era ejemplar en todo, humano y muy caritativo, compartiendo su pan con sus alumnos más pobres.
El ‘Maestro de la Escoleta’ era todo un santo laico. O no tan laico. Porque también resultó que era o había sido medio cuáquero; un hombre de fe que declaraba antes sus jueces: «Yo no miento delante de Dios». Toda su teología dogmática se reducía al Dios bueno y justo, y su teología moral, a sus Diez Mandamientos.
Tanta simplicidad de doctrina, mantenida incluso tras buenas sesiones de catequesis, eran motivo suficiente para condenarlo por hereje contumaz. No obstante, se le mantuvo en prisión, bien por darle oportunidad de arrepentirse, o porque su fe de bautismo no parecía, y si Ripoll no estaba bautizado tampoco podía ser hereje ni juzgado por la Iglesia. ¿Qué se hacía con el maestro? Tampoco era cosa de estrenarse la Junta con una pifia.
No creo yo que fueran esos los motivos de alargar el proceso. Mi sospecha es que tuvo que ver con el caso romano Targhini-Montanari, y que la solución vino servida en bandeja. Detenidos ambos carbonarios, el primero en junio y el segundo en agosto de 1825, se preveía un desenlace ejemplarizante. El arzobispo haría lo mismo que hiciese el papa.
(A todo esto, el detenido en la cárcel siguió en su conducta ejemplar, obediente en todo, practicando con los  presos las obras de misericordia o filantropía que usaba con sus vecinos y alumnos. Venerado por todo el mundo, con riesgo de convertirse todos al deísmo. Desde San Agustín, la bondad humana al margen de la Iglesia, y en especial la ‘santidad’ filosófica o laica,  ha sido embarazos para el clero.)
La realidad es que no todo fue religión en la causa de don Cayetano. ¿Qué tal persona había sido en el trienio liberal? Pues bien, el maestro sin desatender su escuela se apuntó a las Milicias Nacionales y era por tanto un constitucionalista. Y aún sacaba tiempo para frecuentar la tertulia patriótica de la Glorieta, junto a la valenciana calle del Mar.

Otrosí, restablecido el régimen absoluto, entre los múltiples actos planificados de signo absolutista para el 30 de mayo de 1822, uno fue el conato de rebelión militar en Valencia a las órdenes del general navarro Francisco J. de Elío, preso a la sazón en la Ciudadela. Pero el militar, que como es sabido encabezó el absolutismo en España al recibir a Fernando con el ‘Manifiesto de los Persas’, en Valencia precisamente (1814), esta vez se encerró en su celda hasta que la intentona abortó. (Otro habría sido su comportamiento, de haber sabido que poco después los liberales le sacarían de allí para darle garrote.) Pues bien, hubo quien se acordaba de que aquel 30 de mayo, entre los oradores que arengaron a milicianos y voluntarios a cumplir con la Patria, uno fue el maestro de Ruzafa.
En fin, Cayetano Antonio era un tipo fino, aseado, elegante por su físico más que por artificio, reducido su ornato corporal a mostacho, perilla y una melena recogida: la imagen viva del francmasón.
Por eso pienso –aunque ya estará estudiado, supongo– que al tener noticia del caso romano, el arzobispo de Valencia se puso a la expectativa para hacer méritos siguiendo la pauta del papa León XII. Téngase en cuenta además que Targhini y Montanari no fueron los últimos guillotinados bajo aquel pontífice por delito de lesa majestad (afiliación a sociedad secreta).
En la guillotina del papa León XII tenía la Junta valentina todo un argumento a fortiori, ya que matar las almas de los niños era mucho peor que el asesinato. Así que el pobre maestro –encima masón, o lo que fuese– fue condenado a la horca y la hoguera, y con el visto bueno del arzobispo, relajado al brazo secular para pública ejecución
Confirmada por la Junta diocesana (30 de marzo 1826) su primera sentencia contra Ripoll, éste pasó bajo la la justicia ordinaria, que no puso reparo alguno en ejecutarla, según lo dispuesto en Las Partidas de Alfonso el Sabio. Tras obtener de Solsona copia de la fe de bautismo, más alguna que otra formalidad, la Audiencia le sentenciaba (29 de junio) a la pena de horca y ser quemado por hereje dogmatizante y pervertidor de la infancia. Según eso, debajo del ahorcado los sayones arrimaron un tonel con llamas pintadas a modo de hoguera. Allí se dejó luego caer el cuerpo, que tras la quema simbólica, apagada con breve zambullida en el Turia, se enterró en suelo profano  (31 de julio de 1826) [7].
Doble proceso, eclesiástico y civil, «sin pruebas y sin defensa», como el de los carbonarios en Roma. Ilegal, porque la Audiencia no tenía por qué ponerse al servicio de una Junta de Fe [8].
Al no publicarse la ejecución en la Gaceta ni en el Diario de Avisos, corrieron bulos que obligaron al arzobispo a emitir nueva pastoral (3 de agosto 1826), previniendo a sus diocesanos contra las malas lecturas y sus consecuencias. Eso sí, tuvo la honradez (y la prudencia) de enmendar la plana al nuncio Giustiniani, que había enviado a Roma su versión creativa del caso, la que sus superiores curiales podían desear:
«En Valencia ha sido ahorcado un deísta fanático que recorría los pueblos aparentando mucha austeridad y propagando su doctrina de puro deísmo. Apoyaba sus prédicas con copiosas limosnas, y de ese modo no dejaba de tener prosélitos».
El rey, que nunca aprobó las Juntas, aunque las dejó hacer, esta vez desaprobó expresamente el criminal disparate, que le implicaba ante las cortes de Europa. Sin embargo no se piense que personalmente estaba contra los métodos inquisitoriales. Desde los primeros días de la restauración se forma en Madrid, en virtud de real orden reservada, una Junta Secreta de Estado. La componían varios eclesiásticos, presidida por el obispo de Osma don Juan de Cavia González, siendo su secretario el rector del Hospicio de Madrid, y al mismo tiempo canónigo de Granada, don José Salomé, que no reparaba en medios para el fin perseguido por la Junta: la depuración inquisitorial de toda la máquina del Estado.
Hacia el Padrón de limpieza
El proyecto estrella del Dr. Salomé fue confeccionar un padrón o Índice general de apellidos, con calificación de cada individuo como ‘puro’, ‘purificado’ o ‘impuro’; anotando en la ficha su profesión o cargo que tuvo en el trienio liberal,  si era moderado o exaltado, comprador de bienes nacionales o vinculados (mayorazgos), francmasón o comunero etc. Las fuentes de información eran lo fiables que cabe suponer para el caso: soplones, perjuros y gente comprada.
Como por algo había que empezar, el archivo debutó  con un paquete de listas de nombres significados, que entregó un ‘corredor de oreja’: un Rodríguez el Tocinero, que por este servicio obtuvo la administración de la Aduana de Valencia.
Aquel embrión de archivo siguió engordando con:
1º. Listas remitidas de provincias por los clubes conspiratorios dependientes de don  Antonio Ugarte Larrazábal [9].
2º. Delaciones particulares espontáneas sin prueba alguna. Al viejo estilo inquisitorial, sólo que peor, pues ahora con un solo ‘testigo’ bastaba.
3º. Revelaciones de espías venales, incluso agentes dobles (como un tal Regato).
4º. Informes reservados solicitados por la junta a personas y grupos de su confianza.
5º. En fin, se dice que la Junta llegó a utilizar información de confesonario. Tampoco exageremos.
Con tales fuentes, se entiende que aquellos archivos no fuesen muy de fiar. Aun así, aquel libro verde fue como la biblia en los despachos. Si el miedo funcionaba, ¿para qué más? En fin, puede que todo esto,  hoy en día, nos suene de algo.
Se multiplica la policía, no para mantener el orden, sino para la persecución política. En el ejército se establecen ‘comisiones militares’, no instructivas ad casum,  sino permanentes y ejecutivas.
Se creó una distinción, el escudo de fidelidad (14 de diciembre 1823), para condecorar a los fanáticos más egregios del trienio. A esto se sumaba la esperanza de recompensas y destinos, para frenar al bando exaltado. Lejos de satisfacerles, el licenciamiento de los voluntarios realistas dejó a estos frustrados y ‘agraviados’. Las partidas de realistas se resistían a licenciarse. Los facciosos guardaban sus armas a buen recaudo. Sus jefes empezaban a sentirse especialmente ‘descontentos’.
A la muerte del Marqués de Casa-Irujo (enero de 1824), Secretario de Estado y realista moderado inteligente, entra por nueve años en la confiaza de Fernando el servil  Francisco Tadeo Calomarde, nuevo ministro de Gracia y Justicia. Calomarde fue el hombre bisagra útil para Fernando en el contrapeso de los dos partidos.
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[1] El ‘Trágala, perro’, canción popular creada seguramente en Cádiz (10 de marzo de 1820), sonó en Madrid por primera vez en agosto. Como ‘canción patriótica’, pronto se asoció al Himno de Riego. En ella se invitaba al Rey y a sus ‘serviles’ a tragar la Constitución de Cádiz como el perro que traga un hueso. Canción burda, contraproducente para la causa liberal y constitucional, la agitación absolutista la utilizó para provocar. Además, defendiendo la Constitución de 1812 como intocable, hacía más daño a los liberales moderados que al absolutismo. Por ello los liberales radicales se llamaron también ‘tragalistas’.



En cuanto a ‘La Pitita’ (1823), no era mejor que el ‘Trágala’, sólo de signo contrario; y no tuvo ni con mucho su golpe, con aquel estribillo gallinero insulso: «Pitita, bonita, / con el pío, pío, pon: / ¡Que viva Fernando / y la Inquisición!»


[2] Juan Rico y Amat,
Historia política y parlamentaria de España Madrid, 1865), t. 2, p. 250 ss.; v. también a Vicente Boix, Historia de la Ciudad y Reino de Valencia (Valencia, 1847), 3: 203.
[3] El caso Targhini-Montanari fue reconstruido por Luigi Magni en su película Nell’ Anno del Signore (en español, El poder no perdona, 1969).
[4] El leridano de Talarn don Joaquín Ibáñez-Cuevas y de Valonga (1784-1825), aunque en posesión de otros títulos nobiliarios, usaba sobre todo el de Barón de Eroles, por ser la baronía historia más antigua de Cataluña (siglo XI). El mismo, indignado ante la insolencia de los ‘tragalistas’, en su proclama de 15 de agosto 1822 decía: “Viviremos esclavos, no de una facción desorganizadora, sino de la Ley que establezcamos”.
 [5] Abarca y Blanque, anticonstitucionalista radical, durante el trienio liberal había tenido que exilarse en Francia. En 1824 Fernando VII le hace obispo de León (y así se le conoció en adelante, «el Obispo de León». En 1835 le incorporó al Consejo de Estado, pero tuvo que destituírle por su exceso. Desde entonces se hace carlista furibundo.
[6] Subvenciones, pensiones etc., copio las cifras sin dar importancia, cero más o cero menos, difícil de probar. Ayer como hoy, nada era gratis.
[7] ¿Horca o garrote? Cfr. Cfr. Puyol Montero, José María, “La pena de garrote durante la Independencia…”. Cuadernos de Historia del Derecho 2010 (vol. extra.): 569-581.
El efímero Código Penal de 1822, imitando a José Bonaparte (1809), para la jurisdicción ordinaria suprimió la horca en favor del garrote, que ya se venía usando. El garrote en España desde la Edad Media fue intrumento tanto de tortura como de pena capital, muy usado por la Inquisición ‘moderna’ en ambas aplicaciones: tortura en los interrogatorios y ejecución antes de la hoguera. Modernizado en su técnica –el torniquete de cuerda se sustituye por el collar y palanca o tornillo de metal, con uña de hierro a la cerviz–, ahora se habla de garrote «sin tormento». Y aunque se vulgarizó como ‘garrote vil’, en realidad era el antiguo ‘garrote noble’, pues el reo esperaba a la muerte sentado y la recibía con sencillez, sin dar el espectáculo pendular de la horca. Pero dejémonos de historias, porque en la ‘Década Ominosa’ del absolutismo fernandino el Código Penal se ignoró en este punto (si es que había llegado a practicarse), floreciendo de nuevo la horca. De hecho, al Sr. Ripoll le ahorcaron.
[8] Muerto Fernando VII, abolida la Inquisición por decreto de la Reina gobernadora Mª Cristina (15 de julio 1834), un año después  otro decreto de la misma prohibía las Juntas de Fe, obligando a los tribunales eclesiásticos a sujetarse a la ley general del Reino y de la Iglesia (1º de julio 1835).
[9] A este caballero vascongado le conocemos con su señora doña María Antonia por un retrato excelente que pudieron pagarse de Vicente López. Sus detractores, sin embargo, le pintaron de muy otro modo: como un zote de cara muy dura, que tras haber presidido por puro favoritismo los reales consejos, alcanzado su nivel de incompetencia peteriana,  acabaría poniendo en ridículo a España como embajador ante las cortes de Turín y del Gran Duque de Toscana.


(Concluirá)